Tras cumplirse un mes de la presentación de una demanda judicial para hacer cesar la ejecución del convenio entre Ministerio de Agroindustria de la Nación y la corporación Maizar, a través del cual se impulsa la plantación de maíz transgénico en Misiones, y sin respuestas concretas por parte de la Justicia Federal, la Asociación Civil Kaapuera volvió solicitar su tratamiento y planteó en ese marco la urgencia de una resolución judicial por cuanto se acerca el período de cosecha de las primeras plantaciones, con consecuencias sociales, económicas y ambientales y la posible contaminación a otros cultivos.
El 28 de noviembre pasado, la Asociación Kaapuera presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas una demanda judicial (amparo) para declarar la nulidad del convenio entre Nación y Maizar, y una medida cautelar para suspender en forma inmediata la ejecución de dicho documento.
“Sobre el amparo, hay un dictamen positivo del fiscal, y el juez federal José Luis Casals ha ordenado que se corra traslado tanto a Ministerio de Agricultura (antes de Agroindustria) como a Maizar para que estos respondan y aporten la pruebas pertinentes”, explicó el abogado Martín Ferroni, de la organización agro ambiental. “Y sobre la medida cautelar, el mismo juez pidió al Estado Nacional un informe previo sobre el orden público comprometido en este convenio”, agregó, al tiempo que informó que en ese contexto «se ha solicitado (este 3 de enero de 2020) la habilitación de la feria judicial, para que la Cámara resuelva la apelación planteada por Kaapuera, por cuanto por la urgencia y la naturaleza ambiental de los derechos en juego, no sería procedente el recaudo del informe previo sobre el orden público comprometido, previsto en la 26.854, dado que el orden público ambiental es de rango Constitucional».
Ferroni especificó que “hay una situación de urgencia, estamos cerca de la cosecha de esas primeras plantaciones de maíz transgénico, con daños económicos, sociales y ambientales para los misioneros, y si a eso le agregamos que la Justicia Federal entra en ferias, el panorama se pone más preocupante, de ahí que pedimos la habilitación de la feria judicial”.
El convenio que busca anular Kaapuera establece “desarrollar maíz de alta productividad” (tal como lo define Agroindustria en su web) en más de 250 mil hectáreas para abastecer al mercado de Brasil, y al requerirse más datos, el mismo organismo nacional indicó que se trataría de un total de 400.000 hectáreas y otras potenciales 100.000 hectáreas, parte de las cuales corresponden a cultivos de yerba mate en la provincia de Misiones. La iniciativa fue inmediatamente rechazada por distintas organizaciones civiles, ambientales, de productores agrícolas, académicos, indígenas, profesionales médicos e incluso funcionarios del gobierno provincial y partidos políticos por el daño que produce a la agricultura familiar, a la salud y a la biodiversidad.
Los daños que provocan las semillas transgénicas están ampliamente comprobados. La mundialmente reconocida Grain.org explica, por ejemplo, que “cuando se plantan cultivos genéticamente modificado (gm), el material transgénico contamina los demás cultivos. En lugares donde los cultivos transgénicos se plantan a gran escala se ha vuelto casi imposible encontrar cultivos de la misma especie que estén libres de material transgénico. Y la contaminación se esparce incluso a zonas donde los cultivos transgénicos no están oficialmente permitidos. El Registro de Contaminación Transgénica, gestionado por GeneWatch del Reino Unido y Greenpeace Internacional, documentó en los últimos 10 años más de 216 casos de contaminación transgénica en 57 países, incluidos 39 casos en 2007”.
Esta es una de las razones por la que está prohibido su cultivo en México, Rusia, Alemania, Francia y otros países. En la Argentina, en cambio, esta permitido, y “es el tercer país que más área siembra con transgénicos: en 2017, fueron 23,7 millones de hectáreas, el 12,5 por ciento de toda la superficie mundial implantada con este tipo de alimentos”, señala el sitio agrovoz.lavoz.com.ar en base a datos del Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (Isaaa, por sus siglas en inglés).
En Misiones “estas semillas llegan y se siembran durante el gobierno de Mauricio Macri sin cumplir con los procedimientos legales y sin siquiera consultar al Gobierno provincial”, recordó Ferroni, al tiempo que enfatizó que “la presencia de semillas transgénicas en este territorio es radicalmente nefasta para sostenernos como Capital Nacional de la Biodiversidad, una distinción merecida si se tiene en cuenta que somos la provincia con mayor riqueza y variedad ambiental pero que no durará si prosperan los cultivos modificados mediante biotecnología y si se sigue expandiendo el monocultivo de exóticas”.
