En una operación clandestina que desafía las leyes y la seguridad fronteriza, contrabandistas están utilizando más de 50 puertos clandestinos a lo largo del río Uruguay para introducir soja argentina en Rio Grande do Sul, Brasil. Este comercio ilícito, documentado por el Grupo de Investigación del RBS (GDI), ha estado en aumento y plantea preocupaciones tanto económicas como de seguridad.
Cada día, en la costa argentina del río Uruguay, trabajadores manuales se reúnen junto a camiones para descargar granos en barcazas que están a punto de cruzar la frontera de manera clandestina. Vigías equipados con radios monitorean la presencia de policía o vehículos sospechosos en la orilla brasileña, y cuando la costa está clara, las embarcaciones cruzan lentamente el río, ocultando bolsas de soja de contrabando en territorio brasileño.
Este contrabando resulta en evasión fiscal para los productores argentinos, quienes eluden los impuestos a las exportaciones que se aplican en Argentina. Los contrabandistas en Brasil pueden vender la soja a precios significativamente más altos, generando ganancias sustanciales. Un contrabandista argentino puede recibir hasta R$ 60 por saco de soja, en comparación con los R$ 32,45 que obtendría si pagara los impuestos en su país.
Además de eludir el control fiscal, los trabajadores manuales que participan en esta actividad ganan entre 30 y 43 reales por ayudar a descargar camiones de soja, un empleo que es escaso en Argentina. Trabajando en grupos, pueden completar la tarea en unas cuatro horas antes de ayudar a transportar la carga a Brasil.
El contrabando de soja ha generado la creación de una infraestructura clandestina en ambos lados del río, incluyendo la pavimentación de caminos municipales, construcción de galpones para el almacenamiento temporal de sacos de soja, y la instalación de equipos como tolvas y bins. Esta actividad ilegal se ha extendido por tres municipios de Rio Grande do Sul: Tiradentes do Sul, Esperança do Sul y Crissiumal, en la frontera noroeste.
Las autoridades han observado un aumento en las incautaciones de soja y maíz de contrabando, con un total de 444 toneladas incautadas en el primer semestre de 2023 en la región fronteriza. Este fenómeno ha llevado a la realización de operaciones conjuntas por parte de la Brigada Militar, la Policía Civil, y la Hacienda Federal, como parte de la Operación Agro-Hórus, que se centra en la lucha contra el contrabando en todas sus formas.
El contrabando de soja también ha sido vinculado al transporte ilegal de pesticidas prohibidos en Brasil en los mismos barcos utilizados para llevar la soja, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre la seguridad y la salud pública.
Fuente: Misiones Online.
