La preocupación de los productores yerbateros, cuando en la campaña electoral los candidatos de la alianza Cambiemos recibieron la bendición del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, estaba más que justificada. El mandatario correntino impulsa un modelo productivo diametralmente opuesto al de Misiones y había advertido que estaba dispuesto a ir hasta la Justicia para frenar la limitación de plantaciones que impuso el Instituto Nacional de la Yerba Mate a instancias de los pequeños agricultores misioneros. Esa medida se aplicó para evitar que haya una sobreoferta de materia prima que haga caer los precios.
Ahora el juez de Paso de los Libres, de Corrientes, Gustavo del Corazón Fresneda, designado por Mauricio Macri en febrero de 2019, decidió suspender la medida del INYM a instancias de la yerbatera misionera La Cachuera, una de las empresas que tenía en marcha un plan de expansión de la producción propia.
La medida, en principio importa únicamente para esta firma, pero abre un nuevo conflicto sobre las políticas que se aplican en defensa de una de las principales economías de Misiones.
Fresneda -cercano al ex gobernador y referente del radicalismo Ricardo Colombi- atendió la demanda de la yerbatera misionera asesorada por el constitucionalista radical Daniel Sabsay y falló en consonancia con lo que planteó Valdés apenas conocida la medida del INYM. El organismo yerbatero ya planteó su apelación y pidió que todo el conflicto se dirima en el juzgado federal de Misiones a cargo de José Luis Casals. En las próximas horas, además, se conocerán otras medidas en defensa de la resolución que determina que a partir de enero de 2022 todos los productores inscriptos podrán incorporar sólo hasta cinco hectáreas de nuevas plantaciones e implantar el 2% de las superficies de yerbales ya existentes y declarados ante el Instituto.
El conflicto está abierto, ya que la demanda plantea la inconstitucionalidad de la norma del INYM y si escala en litigiosidad, encuentra antecedentes no favorables a Misiones. La Corte Suprema ya frenó la ley de Envasado en Origen ante una demanda interpuesta por Corrientes y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 4°, 5° y 6° de la ley 4459 de Misiones, que imponía que la yerba mate misionera sólo podía ser procesada en la tierra colorada.
Sin embargo, los productores misioneros exhiben sólidos argumentos en defensa de la limitación de plantaciones. El doctor en Economía, Darío Diaz, destacó que la política de cupos busca la estabilización de precios al suprimir fluctuaciones imprevistas de precios provocadas por una oferta inestable combinada con una demanda inelástica.
El objetivo de los productores y del INYM es controlar la cantidad de oferta ante el avance de “grandes jugadores” que plantan grandes extensiones y colisionan con el modelo minifundista que tiene Misiones. De hecho, los primeros datos oficiales del relevamiento iniciado después de la decisión de limitar futuras plantaciones, revelan que hay más productores y más plantaciones de las registradas. Para tomar dimensión de quienes son los beneficiados por la decisión del juez correntino, plantar una hectárea nueva cuesta unos 800 mil pesos. Solo las cinco hectáreas extra demandan cuatro millones de pesos. A cinco hectáreas nuevas, se necesitarían cuatro millones de pesos.
Según los datos oficiales, hay 600 productores que recién ahora se anotaron en el INYM y otros 200 que están haciendo los trámites. Se calcula que cuando se alcance la fecha límite de inscripción, habrá más de 12 mil productores. Los conocidos eran nueve mil.
Pero el dato más relevante es que hay mucha más yerba que la registrada en el organismo: había 144.282 hectáreas “transparentadas”. En realidad hay más de 190 mil hectáreas en la zona productora entre Misiones y Corrientes. No quiere decir, de todos modos, que sea yerba plantada recientemente, sino que no había estado registrada.
Fuente: Economis.
