Hay más plantaciones y una producción en marcha que podría generar en cuatro años una sobreproducción de yerba mate que afectaría precios y el equilibrio de la cadena productiva. Ese es argumento central del Instituto Nacional de la Yerba Mate para defender la resolución 170 que recibió otro amparo en contra por parte de un juez de Paso de los Libres, en Corrientes.
Los números son elocuentes: antes de la resolución 170, que limita desde este año las plantaciones a cinco hectáreas por productor, había 177.534 hectáreas registradas, pero la superficie actual es de 209.276 hectáreas, de las cuáles 187.060 ya están en producción y 22.216 estarán disponibles en futuras zafras en uno, dos, tres o cuatro años. Ahí radica el desequilibrio. Con la producción actual se lograron 882 millones de kilos de hoja verde, suficiente para atender el mercado interno y externo. Con las futuras, se agregarían 220 millones de kilos más, lo que elevaría la producción a 1.102 millones de kilos de materia prima, bastante por encima del consumo interno, que no crece al mismo ritmo, y los envíos al exterior.
“La ley del INYM me obliga a tomar estas decisiones para garantizar el equilibrio de la oferta con la demanda y en caso necesario, establecer medidas que limiten la producción”, explicó el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Juan José Szychowski.
El funcionario nacional, junto al representante de la Provincia, Ricardo Maciel, el de los productores, Jonas Petterson y el síndico, Emilio Jouliá, brindó una conferencia de prensa en la que se detalló el estado de situación en virtud de los amparos judiciales concedidos, primero a La Cachuera y ahora a la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, con el patrocinio del abogado macrista Daniel Sabsay. En relación a la segunda demanda, Jouliá dio un dato llamativo: el amparo fue concedido a la asociación, no a las empresas peticionantes, por lo que técnicamente siguen estando alcanzadas por el cupo de plantaciones. “En cien años Las Marías plantó 3.500 hectáreas y de repente, ahora dice que quiere plantar 2.500 hectáreas. ¿Para dejar afuera a miles de productores? Es una depredación del mercado”, advirtió Jouliá.
Maciel recordó que la ley que dio vida al INYM sobrevino a una época de crisis de precios y sobreproducción, en momentos en que las grandes industrias podían comprar la materia prima a un precio de baratijas. “Son las mismas empresas las que hoy están cuestionando la 170, pero los misioneros no nos podemos dar el lujo de pasar por una crisis similar. Vamos a hacer las apelaciones, porque acá no está en discusión sólo lo jurídico, sino un modelo productivo. Los misioneros, que fueron solidarios en 2001, deben ser solidarios ahora también y hacer un consumo responsable”, reclamó el funcionario, en un velado llamado a boicotear las firmas beligerantes.
Jouliá aclaró que más allá de que las empresas hayan conseguido el guiño del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón Fresneda, ligado al ex gobernador Ricardo Colombi, hay confianza en que la cuestión de fondo será favorable a la posición misionera.
Pese a que la procuradora general de la Nación, Laura Mercedes Monti, recomendó a la Corte que el conflicto de competencia que reclamó el juez federal de Posadas, José Luis Casals, sea resuelto por el tribunal de alzada de Corrientes, Jouliá insistió en que, si es necesario, se irá hasta las últimas consecuencias para que sea la Corte la que dirima el conflicto.
“La Cachuera sabemos que es una empresa de Misiones, hasta utiliza la denominación de origen, y recurre a la justicia correntina”, cuestionó. Lo cierto es que de las 209 mil hectáreas de yerba, sólo 27.386,86 de la vecina provincia, en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, con un puñado de productores y de empresas. Suena ilógico que sea desde allí donde se determine la política productiva de toda la zona productora, mientras que en Misiones hay más de 12 mil productores y decenas de industrias.
“Si es necesario, aplicaremos cupos de cosecha”, cerró Szychowski.
Fuente: Economis
