El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, ratificó en pleno la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate que le puso límites a las plantaciones futuras. El titular de la cartera agraria consideró que esos cupos sirven para el “arraigo de las familias productoras, el desarrollo, la mejora y la expansión de la producción yerbatera” y que, “lo contrario sería permitir el latifundio, que genera una forma de producción y comercio monopólico, con distorsión de abastecimiento y precios”.
Basterra destacó que “en caso de constatarse desequilibrio en base a relevamientos satelitales, censos, índices emanados del Instituto Nacional de Estadística y Censos, estadísticas de la plaza comercial, existencia de materia prima, proyección de demanda futura, o de cualquier método que el INYM considere conveniente y confiable, podrá establecer, en forma conjunta con la Agricultura de la Nación,, medidas que limiten la producción consistentes en:
a) Fijación de calendario de cosecha;
b) Limitación temporaria de nuevas plantaciones;
c) Aplicación de cupos de cosecha, analizando, en forma prioritaria, un sistema progresivo de menor a mayor”.
Actualmente se encuentran afectadas a la producción de la yerba mate, una superficie total de 174.820, 1 hectáreas y existe un total de 9.983 productores registrados.
De este modo, las cinco hectáreas por productor, autorizadas desde enero de 2022, importan la posibilidad de aumentar la superficie cultivada en 49.415 hectáreas, lo permite un incremento en el primer año de más de 28,26% de la superficie destinada a la producción.
En esa línea, la medida “favorece el arraigo de los pequeños productores, fomentando un sistema productivo más amplio y democrático”, destaca Basterra, en coincidencia con el argumento central del INYM.
“Se debe tener presente que la relación de las personas y de las familias con la tierra, es una relación cultural que va más allá del factor productivo; es una relación que viene desde los Pueblos originarios, que continúa con la llegada de los misioneros Jesuitas, con las inmigraciones de los siglos XIX y XX, es la historia cultural de nuestros ancestros que trabajaron la tierra y, por lo tanto, se intenta mantener el arraigo para que las futuras generaciones puedan continuar, vivir y trabajar de la producción de éstos cultivos”, enumera el decreto firmado por Basterra y que fue publicado en el Boletín Oficial de este lunes.
“Lo contrario sería permitir el latifundio, que genera una forma de producción y comercio monopólico, con distorsión de abastecimiento y precios, expulsando a las familias de medianos y pequeños productores de sus territorios, condenándolos a vivir de aquello que no pueden, y trabajando de lo que no saben en los ejidos urbanos”, sentenció el funcionario nacional.
Basterra citó una encíclica papal sobre el uso de la tierra y remarcó que “resulta trascendental, que el Estado intervenga allí donde el mercado no llega, en el caso particular implementando medidas que aseguren un modelo productivo con inclusión social y equidad territorial”.
Finalmente, confirmó la vigencia de la medida adoptada por el INYM y decidió conformar una comisión de seguimiento integrada por ocho representantes: uno por los trabajadores rurales, uno por los productores, uno de los secaderos, otro de las cooperativas y uno por el sector industrial, además de tres representantes del sector público en el INYM, en representación de cada provincia productora y el Estado nacional.
La Comisión de Seguimiento podrá requerir la información que considere necesaria, tanto a los organismos públicos como entidades productoras, análisis técnicos, censos, estadísticas, relevamientos satelitales y todo otro dato que resulte oportuno con el objeto de realizar el seguimiento de la cupificación de plantaciones.
La Comisión de Seguimiento deberá emitir con una periodicidad máxima de tres años, un informe técnico sobre los impactos y cumplimiento del límite de plantaciones.
Fuente: Economis
