Si hubiera que medir el estado de un Gobierno en función del acierto de sus proyecciones y el número de promesas cumplidas, el de Mauricio Macri debe estar en su peor momento. En los últimos días hubo un aluvión de datos negativos que exceden a la coyuntura y son consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos dos años y medio. Repasemos.
De aquel: “Daniel, no vamos a devaluar”, a una caída del peso que superó el 75 por ciento en los últimos doce meses. Desde el inicio de la corrida cambiaria, en abril, la pérdida de valor del peso llegó al 45 por ciento y es del 56,5 en lo que va de 2018. Esa devaluación significa un ajuste directo en el bolsillo.
Del “está todo bien” de un lunes, al dramatismo del martes de volver al Fondo Monetario Internacional a pedir un auxilio financiero record de 50 mil millones de dólares.
Del “fuimos al Fondo para evitar a una crisis” a un dólar incontenible, que acarició los 30 pesos y no encuentra techo.
“Estamos en una transición hacia una mayor estabilidad”, sostenía, firme, el ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo. No hace mucho, en mayo, la efusiva Lilita Carrió prometía sin ponerse colorada: “El dólar va a quedar en 23 pesos, yo no le miento a mi electorado”.
De la promesa de “un país normal” a celebrar ser un mercado emergente, para volver a estar pendiente del riesgo país, que tocó los 612 puntos, récord desde 2015, con pánico en la Bolsa y caída de acciones. Todo en una misma semana.
O el mercado está fuera de control o es la esquizofrenia del mejor equipo que interviene, que no, que vende mucho, vende poco, promete flotación limpia pero subasta deuda para tranquilizar a los amigos ávidos de dólares más baratos que en las casas de cambio.
Hay que explicar el mecanismo para entender quienes ganan con este descalabro. Todos los días el Gobierno está subastando porciones de la deuda asumida con el FMI –que pagarán las generaciones futuras- para “calmar” la fiebre alcista. En el remate, los grandes compradores acceden a billetes un peso por debajo de lo que se consigue en las casas de cambio, accesibles para el pequeño ahorrista o el que se quiere ir de vacaciones.
También se pasó de la crítica al cepo a analizar un corralito para los que compren dólares para viajar al exterior.
De la pobreza cero a un lapidario informe de la Universidad Católica Argentina que revela que la pobreza infantil aumentó de 60,4 a 62,5 por ciento, lo que implica que hay ocho millones de niños privados de algún derecho. Si se toman los datos más actualizados de la UCA con una muestra más abarcativa del último trimestre del 2017 se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65 por ciento. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló un informe sobre la evolución de la distribución del ingreso: más del 35 por ciento de los hogares tiene ingresos inferiores al umbral de la pobreza. No es casual, en lo que va del año, el salario perdió 1,7 porciento en la carrera contra los precios (oficiales).
El presidente Mauricio Macri visitó esta semana a la sede de la Confederación Económica de la Mediana Empresa para celebrar el día de las Pymes. Las ponderó y prometió respaldos para las empresas que generan el 60 por ciento del empleo del país. Apenas unas horas después, la Confederación General Empresaria informaba que en los últimos dos años se cerraron 4800 pymes.
El ministerio de Trabajo admite que en el primer cuatrimestre se perdieron 94.500 empleos en blanco. Entre los asalariados privados se perdieron 39.800 empleos, monotributistas (2.000), los autónomos (500) y monotributistas sociales (5.700). La pérdida es transversal. “Un 60 por ciento de la producción industrial está dedicada al servicio de la construcción. Prácticamente despareció. No hay obra nueva. Eso provocó un corte en la línea de pago”, explicó Héctor Fernández, presidente de la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos en declaraciones a radio Activa.
Pero en el Gobierno no entienden el paro general de la CGT, aunque antes celebraban las protestas por el impuesto a las Ganancias.
Según la misma Came, la industria Pyme cortó una racha de 10 meses consecutivos de crecimiento. En mayo sólo el 39,4% de las empresas crecieron y el uso de la capacidad instalada bajó a 60,5%. Además, solamente el 39,5% tuvo rentabilidad positiva y el 75% se encontró con más dificultades para cobrar a sus clientes, con un plazo promedio de cobro que se estiró a 53 días.
Ante los empresarios, liderados ahora por el misionero Gerardo Díaz Beltrán, Macri prometió “una nueva ley pymes”, pese a que la vigente se aprobó hace apenas dos años, el 1 de julio de 2016. También garantizó que en agosto se hará la postergada reglamentación del artículo 10, una promesa incumplida de la campaña, con beneficios para las economías de frontera.
Pero ahora esos beneficios no llegarán a todas las provincias, sino a aquellas que cobren Ingresos Brutos a la actividad comercial por debajo del tres por ciento. Hace apenas unos meses, el Pacto Fiscal que impuso la Nación en enero, había elevado el techo para los tributos a esa actividad, al cinco por ciento.
Se modifican nuevamente las reglas de juego, pero los beneficios no llegaron nunca. Solo Posadas perdió más de 18 mil millones de pesos en los últimos dos años mediante la sangría hacia Encarnación, en busca de precios más bajos.
El nuevo ministro de Producción, Dante Sica, no parece tener mayor velocidad que su sonriente antecesor, el eyectado Francisco Cabrera, para entender el problema. “Todos deben hacer un esfuerzo compartido, las provincias deben poner lo suyo, Posadas y toda esa zona tiene tasas de Ingresos Brutos muy altas que de alguna manera también castigan al comercio y son fuertemente distorsivas”, sostuvo el funcionario en declaraciones a FM Show.
Nuevamente, el Gobierno nacional pretende que el esfuerzo y el costo político sean compartidos por los gobernadores. Ante el desmadre de los últimos días, el Presidente volvió a apelar a los gobernadores para dar señales de “cohesión” en defensa de las políticas económicas. El Jefe de Estado subrayó que “la mayoría de los gobernadores de Cambiemos, del Peronismo, intendentes, senadores, diputados estamos comprometidos” en los objetivos de achicar el déficit fiscal en todos los niveles del Estado.
“Si decimos que lo vamos a hacer, lo haremos y, si resolvemos eso, el crecimiento será ilimitado e infinito porque nuestra capacidad y talento son enormes”, enfatizó.
Y nadie duda en aplicar medidas que equilibren cuentas y achiquen costos. Pero son varios los gobernadores que salieron a advertir que el principal ajuste debe pasar por los gastos de la Nación –que no se reducen y, por el contrario, crecen con intereses de deuda- y no por las provincias que, con matices, están mucho más equilibradas.
El gobernador Hugo Passalacqua fue terminante. “Vamos a bregar todos, aún desde nuestro espacio de oposición, para que las metas de déficit de las cuentas públicas de Nación estén equilibradas para el 2020. Ya muchas provincias -y Misiones entre ellas-, con gran esfuerzo y austeridad han logrado ese equilibrio. Requerimos que la Nación también lo haga y sin perjudicar ni un milímetro a los sectores sociales más vulnerables; como tampoco se afecte la solvencia fiscal y bienestar de las provincias y de Misiones en particular”, expresó en un comunicado.
Misiones, efectivamente, es una de las provincias que puede exhibir un buen manejo de las cuentas públicas, con empleo público lejos por debajo de la media, desendeudada y con escasa exposición en dólares. Otras provincias, alentadas a tomar deuda, hoy deben 50 por ciento más que hace uno o dos meses por la corrida cambiaria.
Pero así y todo, el déficit se explica mucho más por el gasto de la Nación que por el de las provincias. No es, claro, con despidos a destajo ni con recortes de obligaciones elementales, que debería subsanarse ese rojo. La acumulación de vencimientos de deuda es una presión adicional que hasta hace un par de años no existía.
Misiones ha venido haciendo los deberes incluso antes de que el ajuste sea una obligación emergente del sistema. Passalacqua se anticipó al congelamiento de ingresos al Estado y Maurice Closs, como antecesor, había ideado una creativa medida para fomentar el retiro de estatales sin que pierdan demasiado poder adquisitivo. Sin estridencias ni el uso de dolorosos telegramas de despido. Ahora, la Legislatura provincial acaba de sancionar la ley de adhesión a la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, para sumar a los municipios al ajuste. Los intendentes no podrán gastar por encima de la inflación del Indec ni tomar empleados por encima de la proyección de crecimiento poblacional que mida el Instituto Provincial de Estadística y Censos. Como carta de intención, incuestionable. Pero los papeles no suelen ser fiel reflejo del terreno. ¿Cómo harán los intendentes para contener el gasto ante demandas sociales cada día más acuciantes? Lo mismo vale para los gobernadores, que piensan lo mismo que Passalacqua: que el peso del ajuste no debe recaer únicamente en las provincias.
Esta semana comenzarán los primeros escarceos en el debate por el Presupuesto. Los gobernadores están dispuestos a acompañar, pero también a poner condiciones.
Misiones es caso de estudio. No un fenómeno casual. Hasta fines del siglo pasado, la provincia estaba entre los primeros puestos de cuanta estadística social negativa se analizara. Aplicó descuentos salariales a los estatales y se endeudó dos veces y medio su presupuesto, mientras que la pobreza y el desempleo crecían sin parar.
Hoy es una de las pocas que paga los sueldos a término, anticipó un aumento pactado en paritarias y sigue sin endeudarse. No pasó tanto tiempo, pero hubo decisión política.
Por eso en la Renovación advierten que es momento de refugiarse en el “misionerismo” como concepto político. No se deja de lado el compromiso de gobernabilidad, pero habrá cambios en la gestualidad. Los principales dirigentes recibieron un consejo del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, a sazón, el conductor de la Renovación: “Trabajar más y fortalecer el misionerismo”. ¿Qué es el misionerismo? “Es pagar los sueldos al día, estar desendeudado, la reducción histórica de la mortalidad infantil o batir récords de secuestro de droga.
En la oposición, en cambio, reina la desorientación. Los del PRO puro no encuentran cómo defender algunas decisiones del Gobierno nacional y algunas actitudes de los propios –cayó muy mal el viaje del concejal Diego Barrios al Mundial de Rusia, donde compartió tribuna con Facundo Sartori, aunque éste no tiene que justificar faltazos-. Los radicales se inmolan como los conversos, mientras intentan disimular que el último gran boina blanca, Raúl Alfonsín, se paraba en las antípodas del modelo político actual.
Desde afuera, hace su juego el partido Agrario, que puede lanzar dardos sin preocuparse por los efectos en la gobernabilidad.
Autor: Juan Carlos ArgüelloPeriodista, director de Economis
30 de Junio de 2018
